Se estanca la apertura del primer Museo Nacional de la guerra civil en España

Fuerzas leales atacan el Alcázar de Toledo ©AP/AP

Los desacuerdos y disputas sobre la representación de los años de la guerra civil en España han ralentizado el desarrollo del primer museo nacional de la guerra civil del país.

El Partido Popular (PP), y Vox (de extrema derecha) controlan la región de Aragón, en el noreste de España, donde se está construyendo el Museo Nacional de la Batalla de Teruel y la Guerra Civil.

El Gobierno regional de Aragón se opone a la Ley de Memoria Histórica de 2022 del Gobierno nacional socialista, que condena formalmente las represiones del régimen franquista.

Los Gobiernos están enzarzados en una batalla legal sobre la representación de la época franquista después de que los políticos aragoneses lograran tumbar la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por su propia versión.

El legado de Franco sigue dividiendo a España sobre cómo, cuándo y dónde debe recordárseleAP/1936 AP

Ley de la Concordia

La Ley de la Concordia, que ha sido adoptada por tres de las Comunidades Autónomas españolas - Aragón, Castilla y León, y Valencia, podría afectar a sus obligaciones en materia de derechos humanos y preservación de la memoria histórica.

Aunque el Tribunal Constitucional español suspendió provisionalmente la Ley de la Concordia de Aragón, las autoridades locales tienen previsto recurrir la decisión.

Los detractores de las leyes, incluidos el Gobierno nacional y las asociaciones de memoria histórica, las describieron como un intento de restar importancia, justificar o erradicar los horrores del franquismo.

Mientras continúan las batallas legales, han surgido dudas sobre cómo se representarán en el museo la guerra civil española y el pasado franquista.

El año pasado, en una victoria del Gobierno regional de Aragón, se anunció que un monumento conmemorativo en el emplazamiento del museo con los nombres de los caídos en combate no distinguiría entre los que lucharon a favor y en contra de Franco, contraviniendo así la Ley de Memoria Histórica del gobierno.

En abril, Naciones Unidas instó al Gobierno español a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de las normas internacionales que rigen la preservación de la memoria histórica sobre graves violaciones de derechos humanos.

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